Desde el 2016, las autoridades israelíes demolieron o incautaron cerca de 2.500 infraestructuras de propiedad palestina en toda Cisjordania, incluida Jerusalén Este, provocando el desplazamiento forzoso de más de 3.000 palestinos. El 38% de todos ellos eran refugiados y más de la mitad, niños y niñas.

Hace solo unos días, más de 900 soldados y policías de fronteras de las fuerzas israelíes se desplegaron de madrugada para arrasar 70 viviendas palestinas en el barrio de Sur Baher, en Jerusalén Este. Esta operación a gran escala representa una de las mayores operaciones de derribo de viviendas palestinas desde el inicio de la ocupación en 1967.

Muchas de las personas afectadas viven ya en situaciones de pobreza y las demoliciones les conducen a un deterioro significativo en sus condiciones de vida y a una mayor inestabilidad a largo plazo.

El impacto de las demoliciones de viviendas en los niños resulta especialmente devastador: muestran signos de trastorno de estrés postraumático, depresión y ansiedad. Su rendimiento escolar a menudo se ve fuertemente afectado. Es muy difícil para un niño entender y asimilar que su casa es derruida en un entorno de por sí ya violentamente marcado por la ocupación.

Para construir casas en Jerusalén Este y en Cisjordania, los palestinos deben solicitar un permiso a las autoridades israelíes, que controlan estas áreas. Sin embargo, más del 94% de todas las solicitudes de permisos palestinos han sido rechazadas en los últimos años.

Esto significa que cuando una familia palestina crece o alguien necesita un hogar donde vivir, tiene que elegir entre construir sin un permiso o no construir y vivir en hacinamiento o en la calle. La mayoría acaba construyendo para satisfacer sus necesidades inmediatas con la esperanza de que puedan evitar la demolición.

Lamentablemente, la cantidad de personas afectadas por las demoliciones es cada vez mayor. La ONU estima que entre el 28 y el 46% de los hogares palestinos podrían estar en riesgo de demolición, dejando a las personas bajo una nube de ansiedad.

Israel, como "potencia ocupante", tiene estrictas obligaciones en virtud del derecho internacional con respecto a la prohibición de la destrucción de la propiedad privada y el traslado forzoso de la población ocupada, incluyendo las políticas de coacción. El traslado forzoso es una infracción grave de la ley internacional, incluída la Cuarta Convención de Ginebra y la convención de la ONU sobre los derechos del niño en la que Israel es una de las partes.

Firma para exigir el fin de las demoliciones ilegales de Israel.